El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, consideró que el proyecto de reforma laboral que pretende imponer el gobierno nacional en el Congreso, es una “reforma patronal” y advirtió que, como ocurrió en el gobierno de la Alianza, “va a circular la Banelco Plus con la participación de los gobernadores”.

“Estamos yendo a contramano del mundo” señaló el dirigente, al destacar que en los países que aplicaron leyes laborales como la propuesta por Milei no hubo mejoras salariales ni de condiciones y que, tras ese fracaso, debieron reducir la jornada laboral y mejorar las asignaciones familiares.

“Este proyecto de ley es propio de los regímenes autoritarios. Estamos ante un proyecto de reforma laboral que no es compatible con el sistema democrático” enfatizó Aguiar, consultado por sobre el contenido del texto elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Sobre la movilización convocada por la nueva conducción de la CGT, Aguiar cuestionó que “ninguno de los tres oradores mencionó la palabra Milei” en sus discursos. Y afirmó que están dadas las condiciones para que “se convoque a una huelga general”.

-Cuál es su opinión sobre el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno de Javier Milei?

-En realidad no es una reforma laboral, es una reforma patronal y que nos retrotrae en nuestra historia. El gobierno, con esta reforma, nos quiere vender pasado. En la Casa Rosada son mercaderes de pasado, quieren que les compremos pasado por futuro porque no es más que la profundización de la ley Bases que se aprobó hace un año y medio en la que nos dijeron que si le quitan derechos a los trabajadores y eliminan las penalidades a los empleadores que no registren a sus empleados, iban a suceder dos cosas: bajar el desempleo y aumentar la registración de los trabajadores. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Fracasó el gobierno. Y segundo, nos venden pasado porque esta es la ley 25.250 de mayo del 2000, cuando (Fernando) De la Rúa era presidente, que se la denominó ley Banelco, y que llevó el desempleo a más de 20 puntos. Hoy es la ley Banelco Plus con el aporte de los gobernadores.

-¿Hubo cambios introducidos al proyecto original?

-Para peor, por eso es que digo y alerto que no nos pueden agarrar con la guardia baja. No descarto que el gobierno intente darle tratamiento en el Senado antes del mes de febrero como sostuvo (Patricia) Bullrich. Bullrich mintió, su anuncio fue confuso. En realidad, además de la manifestación popular que lo hizo retroceder, el gobierno no tenía los votos porque se le trabó el tratamiento del proyecto de presupuesto en Diputados. Pero si arregla la plata que le están pidiendo los gobernadores, no descartamos que pueda avanzar con el tratamiento. Fue falso el argumento de Bullrich de que iban a incorporar propuestas. En realidad, en el dictamen, terminaron incorporándose algunas cláusulas que perjudican aún más a los trabajadores.

-¿Cuáles serían esos puntos?

-Tiene que quedar claro que no nos negamos a discutir una reforma de los trabajadores. Tenemos que derribar ese mito de que el sindicalismo se opone por oponerse a la reforma laboral para mantener privilegios. De ninguna manera. Nosotros lo que queremos es discutir una reforma que no vaya a contramano del mundo como la que propone el gobierno nacional. Si mañana vienen y nos dicen que quieren avanzar en una reforma para reducir la jornada de trabajo, como está ocurriendo en México, o para que las mujeres cobren el mismo salario que los hombres por la misma tarea y se elimina la brecha de género y la falta de independencia económica de las mujeres que genera violencia en muchos hogares argentinos; o una reforma que incluya a los trabajadores de plataformas, o ver cómo incorporamos tecnología, robótica o inteligencia artificial sin quitar derechos ni reducir salarios, nosotros nos sentamos mañana. Pero el gobierno no quiere nada de esto. Por el contrario lo único que quiere es ampliar los márgenes de rentabilidad de tres o cuatro grandes patronales y no más, porque hasta los pequeños y medianos empresarios están muy preocupados por lo que viene.

-Sobre todo las pymes…

-Yo me solidarizo con los 19.100 pequeños y medianos empresarios que se fundieron y tuvieron que cerrar en estos dos años del gobierno de Milei. Con esta reforma no se va a crear un solo puesto de trabajo nuevo, porque para que eso ocurra, tiene que pasar otra cosa en la Argentina. Tenemos que volver a hablar de industria, es decir dejar de vender el trigo y empezar a vender fideos; que no nos sigan saqueando sin control nuestro litio y que el mundo empiece a comprarnos generadores, baterías. Es decir poner valor agregado; recuperar el mercado interno, el consumo, como única posibilidad de crear empleo. Esta no es más que una reforma pro mercado, que la única finalidad que tiene es el disciplinamiento de las fuerzas del trabajo. Es falso, mentiroso, el argumento del gobierno cuando dice que impulsa esta reforma para que mejore la productividad, la competitividad de las empresas y que crezca la economía. Nos tenemos que negar; no podemos tolerar que pretendan pagarnos nuestros salarios en comida o en tickets, y que tengamos que pedir permiso hasta para hacer una asamblea. No quiero dejar de referirme al fondo de asistencia laboral, conocido como el fondo de cese, porque esta gente que está en la Casa Rosada parece ser que no se imagina la redacción de un proyecto de ley si no habla de negocio. Y estos tipos armaron un fenomenal negocio con el fondo de asistencia laboral porque tenemos que conocer cómo funciona. Debemos cerrar los ojos e imaginarnos cuánta plata es el 3 por ciento bruto del total mensual de la masa salarial que se paga en Argentina. Es un monto multimillonario que, algunos centros de estudios como la Universidad de San Martín, lo calculó entre 2500 y 3500 millones de dólares. Eso alcanzaría para pagarle la jubilación más el bono a más de medio millón de jubiladas y jubilados durante todo un año. Pero lo más grave no es que se le quite el 3 por ciento de financiamiento al sistema de seguridad social en el país. Lo más grave es cómo funciona el fondo: primero, que no tiene participación el estado en la administración, no hay participación de los trabajadores y ni siquiera de los empleadores. El fondo lo van administrar empresas privadas habilitadas por la Bolsa de Comercio, es decir quieren que vuelvan las AFJP a la Argentina. Es decir que financieras internacionales vuelvan a hacer negocio con nuestros aportes. Pero ¿el trabajador podrá recurrir directamente a reclamar la indemnización al fondo? No, el empleador tendrá que pagar la indemnización y con el comprobante de que pagó el despido se da vuelta y ese fondo le reintegra lo pagado. Eso no resuelve la cuestión de fondo. ¿Quiénes se quedan sin cobrar una indemnización por despido en Argentina hoy? Mal o bien, por acuerdo judicial, cobra. Acá los que se quedan sin cobrar son aquellos a los que las empresas despiden cuando declara la cesación de pagos o en quiebra. Eso va a seguir sucediendo, pero resulta que el trabajador no le va a poder pedir al fondo la indemnización. El empleados, como no pagó, tampoco. Por lo tanto se la quieren robar toda.

-¿Cómo afecta a las organizaciones sindicales?

-Hay una pretensión de debilitar a las representaciones sindicales, desprotegiendo a los trabajadores. Ese intento de que el Convenio Colectivo ahora sea por empresa y no por actividad, pretendiendo que el trabajador solo discutiendo con su empleador y sus 15 abogados va a tener un mejor resultado a la hora de discutir salarios y condiciones, no se lo hacen creer a nadie. Tiene que existir la negociación por actividad como piso y luego, si alguien puede superar ese piso, por supuesto que se habiliten negociaciones por empresa. Hablamos de que para realizar una asamblea, ya no en el sector de trabajo sino en el sindicato, tiene que pedir autorización de su empleador. Eso no ocurrió nunca. Por eso digo que este proyecto de ley es propio de los regímenes autoritarios. Estamos ante un proyecto de reforma laboral que no es compatible con el sistema democrático.

-¿Hay antecedentes de una ley similar que se haya aplicado en algún país en el mundo?

-Es muy interesante esta pregunta porque nos permite mostrar qué pasó en nuestra historia. Yo cuando iba al secundario le preguntaba al profesor ¿para qué sirve la historia? Bueno, la historia hay que conocerla porque si uno no la conoce puede repetir los mismos errores del pasado. Y en la crisis económica global de los años 2009 y 2010 muchos países avanzaron en legislaciones similares a la que nos están proponiendo ahora en la Argentina. Podemos citar a España, Portugal, Grecia, México entre ellos. En España fue tan fuerte el avance que eliminaron el salario mínimo, crearon la figura de los contratos temporarios y la flexibilización llegó al banco de horas, un término que nosotros empezamos a hablar. Ya en España lo crearon en esa época. La crisis que se desató en el mundo del trabajo fue tan grande y grave que dos años después, cuando llegó al gobierno Pedro Sánchez, tuvo que restablecer los derechos a todos los trabajadores, derogar aquella reforma y hoy España aparece como el país de Europa que más crece en términos de Producto Bruto Interno y que mayor trabajo registra. México, en este momento, acaba de aumentar el ingreso mínimo y reducir la jornada de trabajo. Esto muestra que estamos yendo a contramano del mundo. La OIT estudió más de 63 países en el mundo de distintos continentes que en los que se impulsaron reformas de esta naturaleza y en todas fracasaron. En ninguno de los casos se logró crear empleo o mejorar el mercado de trabajo.

-¿Qué evaluación hace del paro y movilización convocada por la CGT?

-La CGT convocó a una marcha. Nosotros desde ATE convocamos a un paro. Lo que no aparece todavía es la huelga general y creo que llegó la hora. Me parece que el sindicalismo argentino debiera pedirle ayuda a los pilotos, a los gremios aeronáuticos, a que nos ayuden a elaborar un protocolo como el que tienen ellos para despegar o aterrizar. Un protocolo para ver qué requisitos deben reunirse para ir a una huelga general, porque no logro imaginar que tengan que pasar cosas más graves de las que estamos padeciendo los trabajadores y los jubilados para llamar a una huelga general. Si analizamos cómo fueron los dos años de Milei, uno rápidamente puede decir: destruyeron más de 300 mil puestos de trabajo formales; cerraron más de 19 mil empresas; demolieron los ingresos porque los salarios, según datos oficiales, cayeron más de 5,5 puntos en el sector privado y más de 25 puntos en el sector público. Además estamos ante un gobierno que nos habla de equilibrio fiscal pero necesitó, en estos dos años, 88 mil millones de dólares más los rescates, uno del FMI y otro del tesoro de los Estados Unidos. En otro momento deberíamos hablar de lo que significa semejante injerencia de un poder extranjero como nunca hubo en democracia en nuestro país. Porque vale la pena preguntarnos ¿seguimos siendo país después que el tesoro de los EE.UU. nos imparte directivas de gobierno desde Norteamérica las que Milei y sus funcionarios están decididos a cumplir? ¿Seguimos siendo un país o somos una colonia de hecho, no declarada? Insisto, existen motivos de sobra y condiciones para avanzar hacia una huelga general desde hace mucho tiempo. Y la huelga general es la única herramienta, la más eficaz, que tenemos los trabajadores. Me preocupó, al escuchar a los tres oradores que encabezan la conducción de la CGT, que nunca mencionaron la palabra Milei. Es, por lo menos, llamativo. Es de análisis. Puede ser una coincidencia, pero me es llamativo.

-La Justicia ya opinó sobre la reforma laboral cuando rechazó el capítulo en el decreto 70. ¿Confía en que el Poder Judicial vuelva a fallar en contra de la ley si es aprobada?

-En lo único que confío es en la fuerza de los trabajadores y trabajadoras. Mire si voy a confiar en los jueces y los fiscales no es bueno generalizar, de nuestro país. Ni en las justicias provinciales que antes de emitir una resolución llaman a la Casa de Gobierno; los jueces federales llaman a Macri o a la Casa Rosada. Así que de ninguna manera confío. Dicho esto, la confrontación tiene que ser en todos los planos. Nosotros, yendo a la Justicia pudimos demostrar que ni Milei ni su gobierno son invencibles. Quisieron quitarnos el derecho de huelga y no pudieron porque la Justicia nos dio la razón. A nosotros específicamente nos quisieron quitar el día del Empleado Público y la Justicia nos dio la razón; quisieron cerrar, fusionar o reestructurar organismos y despedir trabajadores como el INTA, el INTI o la dirección nacional de Vialidad y no pudieron porque también la Justicia nos dio la razón. Pero es un plano. El único plano que manejamos los trabajadores es la calle. Los demás ya no dependen de nosotros, la Justicia y el Parlamento.

-¿De cuánto ha sido la merma de los trabajadores estatales desde que asumió Milei?

-El gobierno hace referencia a 48 mil puestos de empleo menos en la administración pública, pero uno debe contar las jubilaciones, retiros voluntarios, renuncias. El porcentaje de renuncias es muy importante. Le voy a dar un solo ejemplo para que lo mismo ocurre en todos los organismos del Estado: durante el 2025 renunciaron 400 profesionales y técnicos a la Comisión nacional de Energía Atómica. Y ni hablar en el Conicet. Porque el congelamiento salarial en el Estado se ha transformado en una causal de despido. Están migrando profesionales altamente calificados. También tenemos que contar, en nuestro caso, donde no tenemos representación: despedidos en ARCA, en Trenes Argentinos, en Correo Argentino. En total el gobierno da cuenta de 48 mil puestos de trabajo menos haciendo todas estas salvedades.

-Teniendo en cuenta el antecedente del 2000 cuando La Alianza intentó una reforma y apeló a la Banelco para comprar voluntades en el senado. ¿Cree que ello podría reeditarse con este proyecto?

-¡Una súper Banelco! Como se guardaron en estos dos años el dinero de los ATN, ahora los ahorraron y los van a usar todos juntos con los gobernadores. Por eso hablo de la malversación instantánea del voto a la que estamos asistiendo. Hay una malversación instantánea. Hay gobernadores que en las provincias juntaron votos como peronistas, criticando al gobierno nacional, y ahora vienen y se arrodillan. Por eso digo que no les puede ser gratis ni a ellos ni a los diputados y senadores que vengan a avalar esta barbaridad, porque se están pegando un tiro en el pie los gobernadores que indiquen a sus diputados y senadores que voten este retroceso para nuestro país. Yo no avalo los escraches; me anticipo, no se trata de escraches. Yo soy rionegrino patagónico; los diputados que van del interior a Buenos Aires la pasan bien dos días, levantan a mano para jodernos a todos y se vuelven como si nada hubiera pasado… ¡no puede ser que la tengan tan fácil!. Soy el que cree que les tenemos que empezar a meter los bombos en los aeropuertos cuando las señoras y señores estén tomando el cafecito antes de embarcar. Que empiecen a sentir la presión. No puede ser que perjudiquen a todo el pueblo así de gratis.

-Como hombre rionegrino, hay dos temas políticos fuertes en la provincia de Río Negro que quisiera consultarle su opinión. Por un lado la pelea entre el vicegobernador Pedro Pesatti y el gobernador Alberto Weretilneck. Y por otro lado la situación de la diputada Lorena Villaverde, vinculada con el narcotráfico y estafas.

-Empiezo por el tema Villaverde. Es una vergüenza provincial. Creo que cada vez que se menciona su condición de rionegrina nos hace muy mal a todos, y es un perro arriba de un árbol: nadie se explica cómo llegó allí arriba. En el caso de las diferencias entre Pesatti y Weretilneck, conozco las que se han hecho públicas. Habrá que ver cómo evoluciona esa discusión que existe entre las cabezas del Poder Ejecutivo y el Legislativo en la provincia. Por lo pronto aparece como una novedad porque fue la fórmula fundacional de Juntos Somos Río Negro. Así que creo que todos están mirando eso con mucha atención. Son tiempos de defender el federalismo que pretende ser destrozado desde la Nación. Hoy asistimos a una coparticipación de las pérdidas y una nacionalización de las ganancias, porque lo único que coparticipa el gobierno de Milei desde el 10 de diciembre de 2023 es aquellos tributos cuyas recaudaciones han caído como consecuencia de la caída del consumo. Los únicos impuestos que crecen los han mantenido bajo la órbita del Estado nacional. Son tiempos para que los gobernadores, Weretilneck y (Rolando) Figueroa, defiendan el federalismo y, en nuestro caso, con uñas y dientes la Patagonia, porque es la primera región que aparece con bandera de remate cada vez que a alguno se le ocurre pensar en vender nuestra Patria.