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La intervención militar estadounidense en Venezuela, ejecutada en la madrugada del 3 de enero de 2026 bajo el nombre de "Operación Resolución Absoluta", más que un simple cambio de régimen, representa el fin de una era de pretensiones multilaterales y el inicio de una fase de poder descarnado, estableciendo una nueva doctrina de shock para las relaciones en el continente americano. Seguramente, no sea exagerado sostener que se trata de un evento transformador que ha redefinido las reglas de la geopolítica no sólo hemisférica.
La operación no fue discreta; fue una demostración de asimetría tecnológica y militar. El periódico sensacionalista-conservador New York Post citó a un testigo militar venezolano, quien habría señalado que las defensas locales fueron neutralizadas por una "poderosa arma misteriosa", un dispositivo sónico que provocó que los soldados "sangraran por la nariz" y “vomitaran sangre”, dejándolos incapacitados en el suelo. Tras esta exhibición de fuerza, un reducido contingente de fuerzas especiales capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
La operación, además, no fue una simple decapitación; fue una reestructuración forzada del poder, ya que figuras clave, como la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, permanecieron en el gobierno, iniciando casi de inmediato un diálogo con Washington; evidenciando así una estrategia que pretende la cooptación de la estructura chavista existente, no su reemplazo.
Pero, como se dijo, esta acción fue diseñada para enviar un mensaje político-militar de una claridad brutal a múltiples audiencias simultáneamente. Con ella se establece un manual de acción directa con destinatarios bien definidos:
Esta cruda exhibición de realpolitik no es un acto improvisado, sino la culminación de un marco ideológico que la sustenta y justifica: el "Corolario Trump".
Para comprender la magnitud del riesgo actual, es crucial analizar el marco doctrinal que justifica la intervención en Venezuela. Esta acción no fue un hecho aislado, sino la aplicación práctica de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que abandona las sutilezas diplomáticas y las pretensiones de legalidad internacional, dando lugar abiertamente al ejercicio del poder imperial. Es el retorno a una política de fuerza donde la capacidad de imponer la voluntad propia es el único argumento válido.
Esta nueva visión, bautizada como el "Corolario Trump", es una reinterpretación agresiva y actualizada de la Doctrina Monroe de 1823. Su postulado central fue articulado por el propio presidente con una claridad meridiana: "El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más será cuestionado". Este principio se encuentra codificado en la "Estrategia de Seguridad Nacional del 2025", un documento que establece como objetivo explícito para el continente "usar fuerza letal donde sea necesario" para derrotar a las amenazas, superando las estrategias fallidas del pasado.
La doctrina se complementa con las declaraciones de altos funcionarios que desestiman abiertamente el derecho internacional. El asesor de seguridad nacional, Stephen Miller, lo resumió de forma lapidaria, exponiendo el desprecio de la administración por las normas globales: "Pueden hablar todo lo que quieran sobre sutilezas internacionales y todo lo demás, pero vivimos en un mundo, en el mundo real, que está gobernado por la fortaleza, que está gobernado por la fuerza, que está gobernado por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo que han existido desde el principio de los tiempos".
Este marco ideológico ha generado un intenso debate sobre la legalidad de la intervención:
La doctrina del "poder desnudo", por tanto, requiere de un fundamento material, uno que se encuentra en la convergencia de los recursos hemisféricos y un ambicioso proyecto tecno-imperial.
Si se rasca la superficie de la retórica oficial sobre "narcoterrorismo", emergen las motivaciones profundas que impulsaron la intervención. La operación responde a una poderosa convergencia de intereses económicos estratégicos, presiones políticas internas y, de manera crucial, una visión radical para el futuro del continente, cuyo software ideológico viene formateado por el poder de las nuevas corporaciones tecnológicas.
La motivación más evidente la verbalizó el propio Trump: "Es el petróleo", no la democracia. Si bien Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, el plan estadounidense es mucho más ambicioso. El objetivo estratégico es asegurar el control hemisférico sobre un vasto portafolio de recursos: petróleo, gas, litio, cobre, tierras raras, alimentos y agua. Se trata de pertrechar a Estados Unidos para una confrontación a largo plazo, consolidando las Américas como su base de recursos exclusiva.
Esta necesidad de recursos está intrínsecamente ligada a la carrera tecnológica contra China. El ex CEO de Google, Eric Schmidt, advirtió al Congreso sobre el principal "cuello de botella" para el desarrollo de la IA: la energía. Su demanda crece de forma exponencial. Al controlar los recursos energéticos de las Américas, Trump aseguraría el señorío sobre el 40% de la producción mundial de petróleo "disponible rápidamente", un factor decisivo para intentar ganar la carrera hacia el futuro.
Este hardware de recursos es impulsado por el software ideológico respaldado por influyentes figuras de Silicon Valley como Peter Thiel. Otro personaje es Curtis Yarvin, quien propone reemplazar gobiernos democráticos por "ciudades startup" gobernadas como corporaciones. En esta línea ?como señala en un artículo el periodista Nicolás Lantos, de El Destape-, Mark Lutter, director de un instituto financiado por Thiel, ya ha propuesto crear una "Ciudad Libertad" en Venezuela, con "tierra nueva, reglas nuevas, verdadero estado de derecho, construido junto a los Estados Unidos".
Estos planes, que fusionan la ambición imperial con la utopía tecnológica, están ahora en el centro de la política exterior estadounidense, y su primer gran experimento práctico ha tenido un impacto sísmico en toda América Latina.
La intervención en Venezuela ha provocado un terremoto político en todo el continente, demoliendo décadas de consensos diplomáticos y forzando una realineamiento brutal. La región, que aspiraba a consolidarse como una zona de paz, se ha visto súbitamente dividida entre la sumisión ideológica, o pragmática, y una resistencia incierta, amenazando con un proceso de balcanización regional.
El resultado inmediato ha sido la consolidación de dos bloques antagónicos. Por un lado, están los gobiernos con raigambre popular, desarrollistas y soberanistas, cuyos líderes principales son Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México), y cuya posición fue de condena de la intervención como una violación "inaceptable" del derecho internacional y un riesgo grave para la paz regional. Su estrategia puede resumirse en la necesidad de articular un frente diplomático para generar un contrapeso a la interferencia extranjera y sostener un significativo espacio de independencia.
Por el otro lado, se encuentra lo que el presidente argentino Javier Milei denomina el Bloque Anti-Socialista, representado por el propio Milei, Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), y el próximo presidente José Antonio Kast (Chile). Ellos se sienten cómodos en la posición de vasallos y celebran la intervención estadounidense como una acción necesaria para erradicar el "cáncer del socialismo" y las “dictaduras” en el hemisferio, en nombre de un libre mercado que a su patrón poco le interesa.
Esta fractura ha sometido a los países a presiones inmensas, especialmente a aquellos con gobiernos no alineados:
El liderazgo regional que Lula buscaba consolidar (revitalizando la Unión de Naciones Suramericanas o a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) se ha fracturado. Mientras Brasil condenó el ataque como una "afrenta gravísima a la soberanía" y una "línea inaceptable", otros actores regionales, específicamente la Argentina de Javier Milei, celebraron la intervención. Esto ha llevado a una parálisis de los organismos multilaterales sudamericanos, donde Brasil ya no logra generar consenso.
La onda expansiva de la intervención no se detiene en las fronteras de América, sino que se proyecta sobre el tablero global, amenazando con un nuevo reparto imperial.
La intervención en Venezuela no puede entenderse únicamente en clave hemisférica; es un acto que se inscribe en una disputa global más amplia por el poder. Al actuar al margen del derecho internacional, Estados Unidos ha creado un peligroso precedente que erosiona el orden basado en reglas y amenaza con legitimar un nuevo reparto imperial del mundo.
La reacción de Europa y la OTAN ha sido un reflejo de su debilidad estratégica y profunda dependencia. La respuesta ha sido débil, dividida y nerviosa. El caso de Groenlandia es un ejemplo paradigmático de esta impotencia. La postura de la Casa Blanca, afirmando que "utilizar el ejército estadounidense siempre es una opción", ha expuesto la fragilidad de la autonomía europea.
Esta situación expone la fractura existencial de la OTAN: ¿qué ocurre cuando un aliado amenaza directamente la integridad territorial de otro? La dependencia de seguridad de Europa respecto a Washington la deja sin herramientas, llevando a analistas a advertir que esta crisis "corre el riesgo de romper la UE". Europa, en el mejor de los casos, parece relegada a un papel de espectador.
En este nuevo escenario global, donde la fuerza bruta ha vuelto a ocupar el centro, la soberanía ya no es un derecho garantizado, sino un ideal en disputa.
La noción de "nuevo reparto imperial" evoca analogías históricas con el reparto de África (Conferencia de Berlín, 1884-1885) o las esferas de influencia durante la Guerra Fría. La invasión rusa de Ucrania (2022) se interpreta en éste último sentido, mientras la expansión china en el Mar de la China Meridional y la Iniciativa de la Franja y la Ruta se analizan como "geoeconomía imperial". No obstante, los tiempos no son los mismos. La evidencia sugiere que estamos ante una transición multipolar compleja más que ante un simple "reparto imperial".
Beijing rechaza explícitamente analogías imperiales. El concepto oficial es “comunidad de destino compartido para la humanidad” y “un nuevo tipo de relaciones internacionales", mientras puja por recuperar su estatus histórico en el orden global. Por su parte, Rusia asegura que su objetivo es preservar espacios de seguridad para garantizar su propia integridad nacional, según lo prometido (y no cumplido) por Occidente tras la caída del Muro. Pero además hay otras potencias emergentes: India, desde su tradición de no alineamiento, ve el actual momento como oportunidad para una “multipolaridad verdadera". Para el analista Chilamkuri Raja Mohan, el Indo-Pacífico es un espacio de competencia cooperativa, no de reparto imperial. Nueva Delhi insiste en su autonomía estratégica, participando en QUAD (foro estratégico junto a EE.UU., Japón y Australia), mientras mantiene relaciones con Rusia y coopera con China en los Brics. Y también Turquía, que ha avanzado con el concepto de “profundidad estratégica” que enfatiza conexiones históricas y culturales con antiguos territorios otomanos. Turquía rechaza etiquetas imperiales pero afirma su derecho a ser potencia regional independiente.
En lo que hace a Israel, su política para redefinir Oriente Medio a su antojo está en sintonía con las concepciones del trumpismo, dada su superioridad tecnológica y militar en la región.
En definitiva, el marco del "reparto imperial" es efectivamente una construcción occidental que proyecta sus categorías históricas sobre realidades que son más complejas. Sin embargo, elementos de competencia por zonas de influencia son innegables, aunque mediados por nuevas formas de poder económico, tecnológico, militar e inclusive normativo.
La intervención en Venezuela marca un punto de inflexión de una gravedad histórica para América Latina. Como se ha dicho, no se trata simplemente de un cambio de régimen más, sino de la imposición formal de un nuevo orden hemisférico. Un orden basado en el poder en bruto, donde el derecho internacional ha sido relegado a una formalidad irrelevante y la diplomacia se subordina a la amenaza creíble del uso de la fuerza.
La soberanía nacional, para los países de la región, ya no puede darse por sentada. La violencia directa es ahora una herramienta explícita de la diplomacia de la gran potencia hemisférica. La tarea para las fuerzas políticas que se oponen a este nuevo orden es inmensa y de largo aliento.
Resulta inevitable para quien esto escribe manifestarse ante el espanto que genera la obscena arrogancia de aquel que se sabe impune. Frente a este panorama de hierro, la defensa del derecho a la existencia de América Latina como espacio político con pensamiento propio debe evitar el derrotismo, pero sí reconocer el momento de debilidad. Sin embargo, reconocer la debilidad del momento no es capitular: debería ser el primer acto de una estrategia realista. La región no tiene, hoy, el poder disuasivo para enfrentar abiertamente la prepotencia armada. Por tanto, la estrategia ya no puede ser la de la resistencia heroica y frontal, sino la de la perseverancia inteligente.
América Latina lleva siglos de resistencia y reinvención. Esta capacidad de sobrevivir es un capital político intangible pero poderoso. Lejos de la retórica grandilocuente, la construcción de interdependencias reales (energéticas, alimentarias, logísticas, tecnológicas, culturales) entre nuestros países, crea una red de soberanía compartida que es más difícil de fracturar.
El objetivo inmediato no es la victoria en una batalla desigual, sino preservar y cultivar el núcleo de un proyecto civilizatorio propio; sembrar, en los pliegues más profundos de nuestras naciones, la semilla de un proyecto civilizatorio tan arraigado que pueda sobrevivir bajo tierra durante el invierno del poder imperial, para brotar cuando este, inevitablemente, agote su fuerza bruta en sus propias contradicciones.
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