El domingo pasado, a pocos días de la controvertida elección presidencial venezolana, se llevó a cabo otra en ese país: la segunda Consulta Popular Nacional. La primera se desarrolló en abril de este año. Con más de 4.500 circuitos comunales en todo el país, las y los venezolanos a partir de los 15 años, eligieron un proyecto entre siete postulados en asambleas de consejos comunales. Los proyectos votados buscan atender diversas temáticas, como sistema de agua potable, vialidad, vivienda, electricidad, salud, educación, cloacas, gas, unidades productivas, ambiente, transporte público, espacios para el deporte, entre otras. Las obras serán financiadas directamente por el gobierno central y administradas por las comunidades, quienes serán garantes del cumplimiento y del control de la administración de los proyectos.

Tres días previos a éstas últimas elecciones, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela ratificó la victoria de Nicolás Maduro, como Presidente Constitucional de la República para el período 2025-2031. Quien promovió este pronunciamiento fue el propio Presidente, quien interpuso un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para que éste lleve a cabo una investigación sobre el acto electoral.

Desde el púlpito de las democracias elitistas y liberales, varios países de América, incluyendo Argentina, objetaron el resultado de las elecciones presidenciales y desconocieron el fallo del órgano máximo del Poder Judicial de Venezuela.

Esos mismos países no cuestionaron cuando Donald Trump denunciaba fraude en las últimas elecciones y la Corte Suprema de Justicia del país del norte lo dio como ganador al demócrata, Joe Biden. Nada objetaron cuando Lula Da Silva ganó por un estrecho margen ante la denuncia de fraude de su contrincante Jair Bolsonaro, ratificado el triunfo del sindicalista metalúrgico a los 45 días post electoral por la propia Corte Suprema. Tampoco nadie cuestionó el triunfo apretado en segunda vuelta de Pedro Castillo en Perú, elección denunciada como fraudulenta desde su opositora Keiko Fujimori. Todos estos países se callaron ante la denuncia de fraude de parte del segundo y tercer candidato en las últimas elecciones en Paraguay, donde resultó ganador Santiago Peña, y ratificado por la Junta Electoral de ese país. Casualmente, todos los que hoy cuestionan las elecciones venezolanas no levantaron la voz para condenar el golpe de Estado en Bolivia, a Evo Morales; y mucho menos el golpe institucional de Dina Boluarte en Perú. Inclusive, algunos colaboraron con el golpe al Estado Plurinacional, como el gobierno de Macri.

Las elecciones en el país caribeño siempre fueron acompañadas por acusación de fraude por parte de la ultraderecha. Desde que Hugo Chávez pisó Miraflores, la oligarquía venezolana no paró de anticipar elecciones fraudulentas, con la denuncia posterior al acto eleccionario. En los últimos años las denuncias, jamás respaldadas con pruebas, fueron acompañadas con violencia, y cada vez más virulenta. Las protestas convocadas por María Corina Machado (proscripta por incitación a la violencia y pedir la invasión del Ejército de EE.UU .a territorio venezolano en los años 2017 y 2018) después de las elecciones, terminaron con 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Las diferencias cuantitativas de las movilizaciones convocadas por el chavismo y por la ultra derecha dejan en evidencia la voluntad del Pueblo. Mientras que las movilizaciones oficialistas son cada vez más numerosas, las de la ultraderecha se reducen más y más, por el temor de la violencia generada por jóvenes armados ultraderechistas pertenecientes a organizaciones financiadas por Fundaciones relacionadas con fondos provenientes de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) incluida en el Presupuesto Anual del Departamento de Estado de los EE.UU.

La elección más observada por todo el espectro conservador del mundo se desarrolló normalmente, sin incidente alguno. Las mismas se rigieron por la Ley electoral, avalada por todos los sectores políticos. El Poder Electoral es independiente y está conducido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sus miembros son elegidos por la Asamblea Nacional, provenientes de todas las fuerzas políticas. El CNE tiene 30 días posteriores a la elección para publicar los resultados desglosados por mesa electoral, pero no las actas. Éstas últimas se entregan, como es aquí, a cada fiscal de partido. Existen 16 auditorías en todo el proceso, que incluyen a técnicos electorales de todos los Partidos y veedores internacionales. En caso que haya dudas con los resultados, hay un marco jurídico que contempla la interposición de recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. La ultraderecha denunció fraude ante los medios de comunicación, pero no realizó ninguna denuncia formal. Quien sí lo hizo fue el propio ganador, Nicolás Maduro, para que no haya ninguna duda del proceso electoral y su triunfo. Todos los candidatos fueron citados y acudieron a la Sala Electoral. Todos, menos Edmundo González, el candidato de la ultraderecha no se presentó.

El Presidente chavista lanzó la “Etapa del auto gobierno Popular”, acudiendo a herramientas de democracia directa y anticipando que llevará a cabo, por lo menos, tres consultas populares por año. En esta semana también, Nicolás Maduro ratificó a su Vice Presidenta Delcy Rodriguez, a quién delegó además la responsabilidad de la política petrolera del país. Al segundo hombre de la Revolución Bolivariana, Diosdado Cabello, lo designó como ministro del Interior y realizó otros cambios en la mitad de su gabinete.

Fronteras adentro, quedó atrás la violencia generada por el fascismo venezolano. En éstos días pareciera haber vuelto todo a la tranquilidad habitual. Nunca se sabe en el futuro cuáles serán los métodos que utilizarán “los escuálidos”, como los llamaba Chávez a los opositores violentos. Fronteras afuera, el gobierno chavista espera que los demás países respeten el resultado de las elecciones y la institucionalidad del país caribeño. Es una cuestión de soberanía y de democracia popular, de libre autodeterminación de los pueblos, principios que los paladines de la libertad del mundo y el imperio, jamás respetarán.