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El miércoles 7 de agosto fue allanada por agentes del FBI la vivienda de Scott Ritter, situada en el estado de Nueva York, cerca de Albany. Ritter, si no lo conocen todavía, es un ex militar -de la “Usnavi”- y ex inspector de armas de la ONU en Iraq, y hoy un comunicador excepcional en la difusión cotidiana de las verdades que incomodan tanto a su gobierno, cabeza de esta coalición/lobby tan burdamente autodesenmascarada desde febrero 2022, al inicio de la Operación Especial.
Los “Feds” se llevaron en vehículos varias cajas con material de trabajo, probablemente computadoras y memorias portátiles, a discreción(1). Habiendo los agentes abandonado la escena, Ritter salió de su casa a atender a algunos periodistas y en un estado de total control emocional -que revela su nivel de entrenamiento- declaró, a la vera de su buzón de correos, que el operativo del FBI se llevó a cabo en el ejercicio de una investigación federal en curso, sobre supuestas violaciones a la “Foreign Agents Registration Acts” (FARA), ley nacional que obliga a la difusión pública y registro de todas las actividades de personas o entidades que “promueven o defienden intereses de países extranjeros”. Ley similar, en espíritu, a la ley georgiana que quieren impugnar en Tbilisi, vía sus marionetas europeas.
El afectado, fuera de negar de que él no entra en esa categoría, denunció que el operativo es solamente un intento más de intimidación por parte del gobierno, para el cual la cacareada libre expresión ofrece las acostumbradas excepciones.
Queremos suponer que Ritter, previendo una situación como esta, habrá respaldado sus datos, ya sea físicamente o a través de sus interlocutores frecuentes, todos del nivel más alto. La información ahora a disposición del FBI y de cualquier otra agencia federal puede ser, si se atienen a la doctrina que encarceló a Assange, usada para degradarlo y condenarlo. En todo caso, medirán las consecuencias mediáticas de meterse contra un ex miembro de los Marines.
La persecución a Ritter no es nueva: con la intención de viajar en junio a San Petersburgo para dictar una conferencia en el Foro Económico Internacional (SPIEF, por sus siglas en inglés), le fue confiscado el pasaporte cuando ya estaba sentado en el avión en Newark o JFK, en pista. Esto, desde luego, le impidió iniciar el eterno periplo que se requiere para llegar a Rusia desde cualquier “país libre” -y “soberano”, como Chile, por ejemplo-, en estos tiempos de regurgitadas y fatigosas sanciones a todo el “Eje del Mal”.
Aquella operación de junio fue ordenada directamente por el Departamento de Estado, misma entidad que, según fuentes, organizó y financió en Kiev el azul y amarillo “Centro para Contrarrestar la Desinformación” (CCD), y organización que a su vez ha colocado a Ritter en la lista de 'terrorista de la información’. Esta etiqueta lo convierte, junto con otros ciudadanos estadounidenses, en candidato a ser asesinado(2).
Scott Ritter, junto Ray McGovern y Douglas McGregor, todos ex militares, ha constituido una de las pocas voces de alerta en Occidente sobre el despeñadero al que sus serafines insisten en merodear. En particular, Ritter no se ha cansado de denunciar a toda la mengambrea que incluye a sus ex jefes y a la OTAN/UE/G7 junto con el incansable genocida de Tel Aviv.
A los inocentes que repiten todo lo que le dice la CNN sobre Venezuela, hay que recomendarles que, si gozan todavía de buena fe, consulten lo que exponen estos valientes y preclaros norteamericanos. Ellos dicen exactamente lo que dice Maduro pero con la ventaja de no representar a “dictaduras autocráticas”. En cualquier caso, Scott Ritter no callará. ¿Será apoyado y defendido por alguien en Occidente?
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